Eva Zarzalejo recoge en Acta Sanitaria la valoración de Carmen Hoyos, coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), quien reclama al gobierno “responsabilidad política” ante el “deterioro” que sufre no solo la asistencia médica en los centros penitenciarios españoles, sino también la calidad laboral de los profesionales sanitarios que trabajan en ellos. Estas declaraciones se inscriben en la exigencia de que la atención sanitaria en prisiones sea asumida por las comunidades autónomas y se mejoren los recursos para la asistencia a la población privada de libertad.